Con un juicio abreviado, un prestamista fue condenado por estafar a una mujer en Concepción.
En 2017, la víctima solicitó un préstamo de dinero poniendo, a pedido del acusado, como garantía la casa en la que vivía con sus hijos. Sin embargo, se comprobó que el imputado, mediante diferentes engaños, hizo firmar a los familiares una cesión de acciones y derechos sobre la propiedad para luego iniciar un juicio por desalojo, a pesar de que ya habían saldado la deuda, señaló el Ministerio Público Fiscal (MPF).
La causa fue elevado a juicio por la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Complejos, que conduce Mariana Rivadeneira.
Durante el debate, el imputado se declaró culpable al reconocer "su maniobra fraudulenta", por lo que la Fiscalía, la defensa y las víctimas llegaron a un acuerdo y solicitaron al juez que la causa se resuelva bajo la modalidad de juicio abreviado.
El auxiliar fiscal Juan José Ibáñez indicó que las partes convinieron una pena de dos años de ejecución condicional, más la reparación de los daños ocasionados.
Esto implica, principalmente, la devolución de la documentación que el imputado tenía respecto de la mujer, la firma de un instrumento público en la cual deja sin efecto toda documentación que hizo firmar a los damnificados y el desistimiento de la causa civil de desalojo. A su vez, el acuerdo incluyó una reparación económica de $ 1,4 millones a favor de la víctima.
El juez hizo lugar al acuerdo entre las partes y resolvió declarar la responsabilidad penal del acusado por el delito de Estafa e imponer la pena pactada, dejando firme la sentencia.
El caso
El 13 de junio de 2017, la mujer le solicitó al acusado un préstamo de $ 220.000 en su negocio ubicado en el centro de la ciudad de Concepción. El hombre le informó que, para acceder al dinero, debía poner en garantía la vivienda familiar. Ante ello, la víctima y sus hijos fueron citados a una escribanía y firmaron un documento en blanco que, según dijo el acusado, era requisito para llevar a cabo la operación.
De acuerdo con la acusación, este accionar se trató de una maniobra urdida con la intención de obtener una ventaja económica indebida, atento a que dicha garantía era desproporcionada al préstamo otorgado.
Posteriormente, el imputado solicitó a la damnificada la suma de $ 80.000 más para devolverle los documentos de la vivienda, suma de dinero que la mujer pagó sin que el imputado le hiciera entrega de los papeles.
En mayo de 2021, la familia fue notificada del desalojo del inmueble pese a la cancelación de la deuda, sufriendo en definitiva un grave perjuicio patrimonial.